Foro Democrático
El 30 de diciembre del año pasado, el ex inspector general de la Guardia Nacional fue aprehendido por la Disip mientras daba un discurso en la Plaza Madariaga frente a su antiguo comando. Desde entonces, ha recorrido diferentes senderos jurídicos. Actualmente está detenido en Ramo Verde. La vida del general Carlos Alfonso Martínez dio un giro desde el 11 de abril del 2002 cuando junto a otros generales de la Guardia Nacional, el entonces inspector General de este componente castrense rechazara la orden gubernamental de sacar a los militares a la calle.
Designado comandante de la Guardia por Pedro Carmona Estanga, después del retorno del presidente Hugo Chávez al poder, el oficial al igual que sus compañeros disidentes protagonizó una cruzada mediática de repudio a la gestión militar del chavismo que finalmente lo condujo a la desobediencia en Altamira.
De allí pasó a ser atacado con gases lacrimógenos por sus antiguos subalternos al principio del paro nacional del año pasado y, finalmente, a ser aprehendido por la Disip el 30 de diciembre del año pasado en la Plaza Madariaga de El Paraíso, frente a la comandancia de la Guardia Nacional.
Alfonso Martínez junto a los dirigentes políticos y empresariales del estado Táchira han sido los presos más emblemáticos de este año. Al uniformado de los dos soles, el Ministerio Público a través del Fiscal Isaías Rodríguez pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarar méritos para su enjuiciamiento.
La respuesta fue afirmativa y se le impusieron los delitos incumplimiento al régimen especial de zonas de seguridad, incitación a la rebelión y abandono del comando.
El oficial fue detenido cuando pronunciaba un discurso frente a varios testigos.
Caminos jurídicos. En un año de detención son varias las vías jurídicas que ha atravesado el general junto a su defensa compuesta por los abogados Alberto Arteaga Sánchez, Juan Carlos Gutiérrez y Janet Carbone.
Dentro de los eventos más significativos destaca el pase a retiro del general mediante una resolución emanada por el Ministerio de la Defensa luego de realizar un Consejo de Investigación en su contra.
Aunque el oficial cumplía 30 años de servicio profesional en julio de este año (pertenece a la promoción Batalla de la Miel de la Guardia Nacional de 1973), en junio se conoció el dictamen que propició la pérdida del beneficio del antejuicio de mérito y el traslado del caso del TSJ a los tribunales de juicio.
En la Fuerza Armada Nacional concluyeron que el general Carlos Alfonso Martínez “asumió una conducta contraria a las leyes y reglamentos que rigen la institución castrense al emitir declaraciones ante los medios de comunicación sin autorización del despacho de Defensa.
Especialmente los días 22 y 23 de octubre del año pasado, cuando junto a un grupo de uniformados se pronunció en contra del gobierno y del jefe de Estado”.
La decisión se produjo cuatro días después de que la Sala Constitucional del TSJ revocó una medida cautelar de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, donde se ordenaba suspender el Consejo de Investigación.
Posteriormente, la Sala Plena del TSJ aprobó la ponencia del magistrado Alejandro Angulo Fontiveros según la cual el máximo tribunal se declaró incompetente para continuar con el caso del ex inspector general, luego de la pérdida de investidura del alto oficial. Aunque la mayoría de los magistrados avaló el dictamen, la magistrada Blanca Rosa Mármol salvó su voto por considerar que los presuntos delitos del general Alfonso se cometieron durante su condición de militar superior.
Posiciones firmes. Durante estos 365 días, el general Carlos Alfonso Martínez ha desconfiado del sistema judicial y cuando estaba detenido en su casa de Fuerte Tiuna se negó en varias oportunidades a concurrir ante las citaciones del Ministerio Público. En septiembre, el oficial fue trasladado a la Cárcel de Procesados Militares de Ramo Verde (Los Teques) por orden del juez 17 de Control, Iván Darío Bastardo, recusado por la defensa del oficial, quien se pronunció sobre los cuestionamientos en su contra, pasando por alto la decisión del TSJ que determinaba que el oficial continuara recluido en su casa. La medida del juez obedeció a lo que considera un desacato del imputado a la justicia.
Sin embargo, los abogados Alberto Arteaga y Juan Carlos Gutiérrez aseguraron que la conducta de su cliente no es un acto de rebeldía y que sólo comparecerá cuando “se le garantice una verdadera justicia”.
Desde que el general está en Ramo Verde se han difundido rumores sobre presuntos planes para agredirlo físicamente y supuestas órdenes de traslados para La Planta.
De allí que la defensa decidió paralizar una solicitud de apelación que impidió el traslado.
El general Alfonso ha enviado misivas al sistema judicial donde se declara un preso político y asegura que mantiene sus convicciones, si eso contribuye a que la situación del país de un giro trascendente.
Aunque la defensa mantiene el optimismo, el uniformado, cumplirá un año detenido mañana.
La semana pasada, la Sala 3 de la Corte de Apelaciones declaró sin lugar la solicitud de la defensa de cambiar al juez del caso. La llegada de un nuevo año, marcará para el uniformado -hasta julio el oficial más antiguo de la Guardia Nacional- la cercanía de un juicio para el cual sus abogados han preparado 62 testigos que presenciaron el discurso político en la Plaza Madariaga.
Acusado y defendido
En febrero de este año, el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, interpuso una querella contra el general de División Carlos Alfonso Martínez, por considerar que existen méritos para su enjuiciamiento.
La solicitud que fue aprobada por el TSJ se basó en la comisión del delito de excitación pública a la rebelión, previsto en el Código Penal; los delitos de incumplimiento al régimen especial a las zonas de seguridad, previsto y sancionado en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; y abandono de comando, previsto y sancionado en el artículo 534 del Código Orgánico de Justicia Militar.
Para el general Edgar Bolívar, ex jefe de operaciones de la Guardia Nacional, el general Alfonso carga sobre sus hombros las culpas de todos los oficiales disidentes del gobierno y del presidente Hugo Chávez, a quienes se les ha pasado factura por disentir de la política asumida en el manejo de la institución castrense. El general Oscar Márquez, amigo del general Alfonso Martínez desde hace 30 años, comenta que el oficial disintió públicamente del jefe de Estado desde que éste impuso en la Fuerza Armada una nueva ley marco que “atenta contra la descentralización del sector militar”. En el comando, los jefes insisten en sus “trece”, quien atenta contra el Presidente de la República y Comandante en jefe de la Fuerza Armada incurre en faltas militares que deben dirimirse, como se hizo en el Consejo de Investigación que acortó por unos días la carrera profesional que durante tres décadas desempeñó el general Alfonso.
Fuente: www.elmundo.com.ve