
La Junta Nacional Electoral comisionó al director de Informática, Leonardo Hernández, y al director de Registro Electoral, Félix Arroyo, para que analicen la fecha exacta en que el CNE puede dar a conocer su decisión sobre la procedencia de las 60 peticiones de consultas populares.
Los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidieron designar una comisión especial, que en un plazo no mayor a 24 horas, deberá explicar a la opinión pública las fechas tentativas en que podrá conocerse la procedencia de las 60 peticiones de referendos revocatorios.
El equipo técnico está integrado por el director de Informática, Leonardo Hernández, y el director del Registro Electoral, Félix Arroyo. Los funcionarios deberán rendir cuenta de sus estimaciones a los integrantes de la Junta Nacional Electoral (JNE), Jorge Rodríguez, Ezequiel Zamora y Tibisay Lucena.
Una de las principales "trabas" para cumplir con los lapsos y poder anunciar la procedencia de las peticiones de consulta popular el 13 de febrero es el trabajo que deberá desempeñar el Comité Técnico Superior. Esta instancia, que aún no ha comenzado a trabajar, debe estudiar, una a una, las planillas de recolección de firmas que presentan observaciones.
Extraoficialmente, testigos de la Coordinadora Democrática, presentes en las etapas de verificación de firmas contra el presidente de la República, han asegurado que de 335 mil planillas evaluadas, 65 mil han sido objetadas.
La inactividad del Comité Técnico Superior se une al anuncio de "volver" a verificar físicamente las planillas que se utilizaron para recabar rúbricas contra parlamentarios de oposición. Por ahora, la prórroga de los lapsos parece ser una realidad.
El miércoles, automatización
Voceros de la Junta Nacional Electoral (JNE) aseguraron que el próximo miércoles deberá estar definida la empresa que se encargará de automatizar las elecciones regionales y referendos revocatorios previstos para este año.
Si el consorcio SBC _Smartmatic, Biza, Cantv_ logra demostrar que posee el respaldo financiero para garantizar la producción de 20 mil unidades de votación touch screen y hacer frente a la fianza de fiel cumplimiento, el CNE aprobará el uso de los tarjetones electrónicos en los venideros procesos electorales.
En caso contrario, la responsabilidad de automatizar el escrutinio y totalización de los votos recaerá en Indra Sistemas o Election Sistem & Software (ES&S). Las propuestas de trabajo de estas empresas incluyen la utilización de las 7.350 máquinas ES&S-100V.
La posibilidad de que la Asamblea Nacional "apruebe" la adjudicación directa del contrato de automatización fue descartada por el vicepresidente Ezequiel Zamora y por el presidente de la JNE, Jorge Rodríguez. Ambos rectores aseguraron que el CNE es un poder autónomo.
La divulgación definitiva del cronograma de las elecciones regionales prevista para el 1 de agosto está condicionada a la firma del contrato de la automatización. De seleccionarse la propuesta de SBC, el ente comicial dispondrá de "un mes de gracia" para ajustar la organización de las elecciones. La utilización de las propuestas de Indra o ES&S colocará a los técnicos electorales en una carrera contrarreloj, porque ya se han incumplido las primeras cuatro fases del cronograma.
Más propuestas para digitalizar
La JNE continúa recibiendo sugerencias para la elaboración _en caliente_ de un archivo que contenga las huellas dactilares y la fotografía de todas las personas que acudan a votar. La compañía venezolana Abaco fue la primera en presentar el proyecto de generación de un archivo biométrico de los votantes. Hace dos días, la empresa francesa Sagem oficializó su disposición a participar en la captura de las impresiones dactilares de las personas que acudan a sufragar.
Contrariamente, el tema de la autentificación de las huellas de las personas que firmaron avalando referendos revocatorios continúa en stand by. A la fecha, no existe acuerdo entre los rectores ni entre los técnicos del CNE sobre la forma en que se podrían analizar las impresiones dactilares.
La ausencia de criterio ha provocado que la consultoría jurídica del CNE comience a analizar los "argumentos" jurídicos que podrían emplearse para explicar que el lapso de 30 días será prorrogado para autentificar _manual o digitalmente_ las huellas.
Fuente: www.eluniversal.com
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