Foro DemocráticoCuando los ciudadanos pierden la confianza en sus gobernantes se genera una situación de ingobernabilidad que afecta a todos los estratos de cualquier sociedad democrática. Desde hace algunos años, en América Latina, se viene discutiendo sobre esta situación, la cual pone en jaque a la democracia como sistema político y como modo de vida. La progresiva pérdida de credibilidad sobre la eficacia y eficiencia de los gobiernos democráticos por parte de los pueblos latinoamericanos, constituye un punto álgido en las agendas de los organismos internacionales; porque los procesos de modernización se retardan en la consecución de mejores estándares de bienestar colectivo para estas sociedades en vías de desarrollo.
El término confianza no sólo es importante en la dinámica económica sino también en el campo político, porque una drástica reducción de fe en el mandato concedido por la voluntad popular a cualquier gobernante crea una ruptura de la relación recíproca y espontánea entre éste y los ciudadanos. De ahí que la autoridad entendida como capacidad y competencia desarrollada en cualquier gestión pública se ve limitada y desobedecida por quienes se sienten defraudados en la confianza depositada. En consecuencia, la ingobernabilidad es engendrada por la ineptitud en resolver las problemáticas planteadas en un programa de gobierno, el cual dejó de ser una simple promesa electoral para constituirse en un serio compromiso del mandatario de turno.
En cuanto a la autoridad pareciera referirse, más que a jerarquía o posición, a una demostrable capacidad de mando para dar soluciones apropiadas, oportunas y pertinentes a problemáticas durante una gestión pública determinada. De hecho, tal facultad o facultades implican responsabilidades en responder, positivamente, a las expectativas de los ciudadanos, los cuales depositaron su confianza en el momento en que eligieron a un determinado mandatario. Si éste usara la fuerza para imponer su autoridad en ciertas circunstancias, estaría soslayando las posibilidades de cambios que pudieran abrigar aquellas personas capaces de participar espontáneamente y de reconocer la potestad de que está investido ese empleado público. Todo progreso puede ser obra de un quehacer individual y/o colectivo.
Seguridad personal, desempleo, seguridad jurídica, transparencia administrativa, inversión pública, respeto de los derechos humanos, tolerancia, pluralismo, autonomía de los poderes y convivencia ciudadana son aspectos en los cuales puede medirse el grado de aceptación y de satisfacción que experimenta la ciudadanía cuando la gobernabilidad es el resultado de un óptima relación recíproca entre mandantes y mandatarios. Si tal relación es negativa, los correctivos vendrían dados por los mecanismos que proveen los sistemas democráticos; generalmente, puestos en acción a través de sus instituciones. Por eso, el secuestro de tales instituciones e ineptitud gobernante suelen acarrear más ingobernabilidad y rechazo colectivo.
En la actual Constitución Nacional (1999), se definen normativamente la naturaleza democrática de la autoridad, la gobernabilidad como un efecto de los principios de legalidad, corresponsabilidad y de participación, así como la confianza colectiva depositada en un mandato concedido mediante una manifestación nítida de la voluntad popular. Pareciera haber una relación directa: a una mayor confianza ciudadana corresponde una mayor autoridad de quien la detenta; lo que conduce a una creciente gobernabilidad en todo aquello implique una eficiente gestión pública, con miras al logro de una mejor calidad de vida. Riguroso respeto al Estado de Derecho es el punto de partida para que gobernabilidad, confianza y autoridad puedan conducir a un clima de tranquilidad y de trabajo de cualquier sociedad democrática.
El corolario de las reflexiones precedentes establece que la fuerza, si no tiene asidero en un Estado de Derecho, es el punto de origen de toda ingobernabilidad, la cual crece en la medida en que la autoridad, de naturaleza democrática, cae en el ejercicio de la arbitrariedad y esto, a su vez, da pie para que la confianza de los ciudadanos en sus mandatarios se debilite aceleradamente. Todo régimen democrático debe procurar un respeto recíproco entre ciudadanos y gobernantes en aras de una gestión pública exitosa, con lo cual se garantice paz social y trabajo productivo; y, de este modo, se logre una mejor calidad de vida en estas sociedades en vías de desarrollo. Así, liderazgo democrático, capacidad administrativa y pleno funcionamiento del andamiaje institucional es la clave para una gobernabilidad fuerte y eficiente.
JOSE VICENTE COLMENAREZ