Foro DemocráticoEl anuncio de Carrasquero confirmó lo que ya se manejaba: el triunfo de la propuesta de Jorge Rodríguez y el académico de la UCV, que sostenían que era una violación de la norma que los agentes que recogieron las firmas transcribieran el nombre y el número de cédula de los participantes, por lo que había que colocar en observación todas aquellas rúbricas que se derivaron de esa mecánica.
El primer indicio de la decisión que ayer en la noche tomó el directorio del Consejo Nacional Electoral provino de una austera frase del rector Oscar Battaglini. En el primer receso del largo cónclave, el profesor de la UCV caminó desde la oficina del presidente Francisco Carrasquero hacia su despacho a través del largo pasillo que comunica las dos alas de la sede principal del Poder Electoral. Desde la planta baja, dos periodistas le preguntaron acerca del desarrollo de la reunión. Battaglini esbozó una enorme mueca, inusual para su atildada seriedad, y citó de memoria el estribillo inicial de una memorable canción de Héctor Lavoe: “Esta risa no es de locos”.
El anuncio de Carrasquero confirmó lo que ya se manejaba: el triunfo de la propuesta de Jorge Rodríguez y el académico de la UCV, que sostenían que era una violación de la norma que los agentes que recogieron las firmas transcribieran el nombre y el número de cédula de los participantes, por lo que había que colocar en observación todas aquellas rúbricas que se derivaron de esa mecánica.
La carta que jugaron Sobella Mejías y Ezequiel Zamora, que no reconocían el calificativo de planillas asistidas o “planas”, no tuvo éxito.
El máximo representante del Poder Electoral anunció que las 148.190 planillas escritas con igual caligrafía, de las 213.000 objetadas, serán evaluadas por el Comité Técnico Superior con el instructivo que presentó el consultor jurídico Andrés Brito, también aprobado en la maratónica sesión. De ese proyecto, anunció Carrasquero, fue eliminado el artículo 5, que proponía exigir las firmas y las huellas de los archivos bancarios para contrastarlas con las signaturas e impresiones dactilares recogidas durante la recaudación de rúbricas de noviembre y diciembre de 2003.
En esa instancia se evaluarán cuáles son realmente las firmas escritas por la misma persona. “La nulidad es singular y no invalida la totalidad de las planillas”, precisó. Posteriormente pasarán a la etapa de los reparos, cuya metodología, según Carrasquero, se discutirá en un directorio convocado para hoy a las 10:00 am. Extraoficialmente se conoció que, a partir del 11 de marzo, serán habilitados 675 puntos en todo el país, para que los venezolanos confirmen la paternidad de esas rúbricas objetadas.
Trascendió que las decisiones preliminares se conocerán, como ya se había anunciado, el próximo domingo 29 de febrero. Para el 11 de marzo está previsto, de acuerdo con los cálculos de varios técnicos electorales consultados, el comienzo de la fase de los reparos. Pero todavía no se ha estipulado cuánto tiempo tardará el organismo comicial en dar respuesta a las impugnaciones.
La ilusión del revocatorio presidencial
Como se suponía, el vicepresidente Ezequiel Zamora y la rectora Sobella Mejías salvaron su voto. En sus razonamientos ambos expresaron que se había invertido la carga de la prueba, es decir, que se obliga a los firmantes a probar que sí firmaron.
Una de los rumores que cobró forma en el silencio informativo que hubo entre lunes y martes fue la posible renuncia de los dos directivos en caso de una decisión como la que fue aprobada. Zamora dejó abierta esa posibilidad. “Eso no lo tengo claro, pero el hecho de que yo discrepe de esta decisión no significa que se debe desconfiar del CNE. En mi opinión, la decisión de enviar 148.000 planillas a la fase de reparos hace del referéndum revocatorio presidencial una ilusión”, dijo.
“Aquí no se están respetando las normas establecidas. El nuevo criterio de planillas planas no estaba en las normas. Choca contra todo lo que estaba establecido. Es un grave golpe el que se le ha dado al referéndum revocatorio. Lo que ha sucedido es muy grave. No sé si tiene sentido el anuncio del 29 de febrero. Está planteada una crisis institucional en el CNE”, agregó.
Mejías consideró la decisión como una abierta violación de la Constitución y de las normas del referéndum revocatorio aprobadas por el directorio. “Se ha confundido el ‘acto personalísimo’ que establecen las normas con la transcripción de los datos. La normativa decía que sólo se requería del elector la firma y la huella. La manifestación de la voluntad popular debe respetarse”, apuntó.
Fuente: El-Nacional.com
Publicado por Nelson Amaral Duarte em Febrero 25, 2004 01:30 PM