Foro Democrático
Más temprano que tarde se sabrá en detalles lo ocurrido en Fuerte Mara. Aquello que García Carneiro, por estrictas órdenes de Hugo Chávez, ha tratado de ocultar con vilezas, ruindades, amenazas y chantajes. Que incluyen la imposición de la ley del silencio a los afectados, sus familiares, amigos e incluso a sus propios médicos tratantes. Lo acontecido con los ocho soldados quemados aparentemente a propósito y en tal caso con intenciones homicidas alcanza ribetes de alto secreto de Estado. Pero los crímenes del gobierno alcanzan tales dimensiones, que ya no hay cómo ocultarlos a la luz pública: lo que se pretende tapar por un lado, revienta por el otro.
Es lo que ha sucedido con las declaraciones del senador demócrata por el Estado de Florida Bill Nelson. A juzgar por las declaraciones que le ofreciera al Miami Herald, reproducidas en la prensa de circulación nacional, el cercano asesor del candidato presidencial por el Partido Demócrata denunció ante altas autoridades de este gobierno, entre ellos el canciller de la república, gravísimos hechos delictivos que vinculan al régimen con las guerrillas colombianas en formas de entendimiento y cooperación absolutamente innegables. Aparentes secretos de Estado cuyas intimidades constan a los altos círculos de Washington y comprometen al gobierno del presidente Hugo Chávez en acciones de naturaleza absolutamente inaceptable para los Estados Unidos, empeñados en una lucha mortal y global contra el terrorismo.
Es dable imaginar que lo que el gobierno de George W. Bush no tolera en países alejados por miles de kilómetros de sus fronteras, como Afganistán o Irak, menos lo tolerará en su inmediato patio trasero. Sobre todo si tal patio domina el frente norte del continente, se abre por el sur a través de enormes fronteras despobladas al corazón de Colombia y Brasil, disponiendo además de las mayores reservas estratégicas de petróleo en el hemisferio occidental. Asunto tanto más grave, ante un futuro comprometido por el terrorismo y las debilidades congénitas de naciones árabes que podrían seguir la secuencia de caer en brazos del extremismo islámico, como es el caso del reino de Arabia Saudita. Al cual ni siquiera el cuantioso respaldo financiero que sus autoridades parecen haberle otorgado a Bin Laden y Al-Qaida garantiza seguridad alguna.
En este contexto, el senado colombiano propone la aplicación de la carta democrática contra el gobierno de Hugo Chávez, mientras Chile, México, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Guatemala y Perú se pronuncian en Ginebra condenando a Cuba por sus flagrantes violaciones a los derechos humanos. Sería ingenuo no ver en dicha decisión, muy en especial en los casos de México y Chile – miembros del Grupo de Amigos – un mensaje directo contra el principal sostén financiero y socio mayor de Cuba en tierra firme y país reconocido ya en los foros internacionales por la sistemática violación de los derechos humanos, como la Venezuela de Hugo Chávez.
El secreto de Estado que se ha pretendido incinerar en la celda de máximo castigo en Fuerte Mara, ¿guarda alguna relación con estos hechos? Como diría el bardo: “the answer, my friend, is blowing in the wind…”
ANTONIO SANCHEZ GARCÍA
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