Foro DemocráticoMuchísimas veces, especialmente en los momentos más críticos, Hugo Chávez argumentó que el referendo revocatorio, figura de la cual se atribuye la autoría intelectual, era la salida pacífica, democrática, electoral y justa a la crisis que atormenta al país desde hace años.
La realidad, el día a día, no ha corrido necesariamente por el mismo canal. En mayo del año pasado la oposición, el Gobierno, la OEA y el Centro Carter suscribieron el famoso acuerdo que, de cumplirse de buena fe, permitiría alcanzar en plazo razonable la realización de una consulta nacional que cuantificara la voluntad popular y, en consecuencia, recondujera la vida futura de la nación hacia la paz y la reconstrucción.
El pacto, facilitado además por el Pnud y el Grupo de Amigos, respaldado unánimemente por la comunidad internacional, sirvió, entre otras cosas, para unificar a la oposición bajo un solo objetivo: el revocatorio.
El Gobierno, por el contrario, ha evidenciado que nunca tuvo voluntad firme para permitir que la opción pacífica fluyera política e institucionalmente. Y, necesariamente hay que hacer la distinción, es lógico que el oficialismo no quiera someterse a un conteo, pero eso no lo faculta a utilizar todo el poder del Estado para entorpecer, obstaculizar y, si puede, abortar la vía constitucional.
Sería verdaderamente ocioso enumerar el camino de piedras, como lo ha denominado El Universal, en que ha convertido el oficialismo lo que debería ser una limpia y transparente ruta democrática. Tan obvio ha sido el trabajo de bloqueo y obstrucción a la posibilidad de que se exprese la voluntad ciudadana, que muchas naciones y un buen número de personalidades de peso mundial han expresado su preocupación por los signos claramente antidemocráticos y represivos que ha exhibido el Gobierno en su empeño por impedir la medición.
Para la oposición no ha sido fácil llegar hasta aquí. De hecho, las jornadas de reparos, con todo el significado que pudieran tener, son consecuencia de la aplicación manipulada de normas y data, en perjuicio del ciudadano, por parte del oficialismo dominante en el directorio del CNE y dentro de su estructura interna. Y ese es justamente el problema.
La sociedad civil, impulsada por su indomable espíritu democrático, va a otra prueba de civismo, con fe en sus líderes y, a pesar de todo, en las instituciones y en el árbitro. El resultado no puede ser otro que la verdad. Sin engaños, sin fraudes.
Creeremos en eso.
Otra vez.
Fuente: www.eluniversal.com